¿En qué consiste el derecho administrativo?
El Derecho Administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones de los ciudadanos y entidades privadas con ellas.
El Derecho Administrativo es Derecho Público que no puede ser alterado por pactos, acuerdos o contratos de la ciudadanía.
También el Derecho Administrativo da a las Administraciones Públicas unos poderes limitados, que llamamos “potestades administrativas” para satisfacer los intereses generales de la ciudadanía e instituciones del Estado. Ejemplo:
- La potestad reglamentaria o capacidad de distar normas jurídicas subordinadas a las leyes.
- La potestad tributaria o capacidad de exigir a la ciudadanía y empresas el pago de dinero para poder prestar los servicios públicos.
Para prevenir abusos y arbitrariedades en el ejercicio de las potestades, los ciudadanos se encuentran protegidos por garantías establecidas en la ley. Ejemplo. El derecho a presentar alegaciones o reclamaciones.
¿Qué es el acto administrativo?
Para entender el concepto de acto administrativo, pensaremos en que la Administración pública es una persona jurídica, es decir, como cualquier persona física (hombres y mujeres) la Administración tiene derechos y obligaciones y actúa de acuerdo con la ley. Para actuar la Administración emite, dicta actos concretos. Estos actos expresan la voluntad de la Administración, y se denominan Actos Administrativos.
Se define el acto administrativo como toda declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración Pública.
El régimen jurídico general y básico de los actos administrativos es una competencia exclusiva del Estado (art.149.1.18, ya visto en el Tema 2 epígrafe 3), que se encuentra regulada en Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Así los actos administrativos se generan o producen dentro de un procedimiento administrativo o conjunto ordenado de trámites que termina con una declaración de la Administración Pública que puede afectar a concretas personas.
Podemos hacer una relación de las distintas clases de actos administrativos:
- Actos favorables; por ejemplo, la concesión de una subvención.
- Actos de gravamen, como puede ser una multa.
- Actos administrativos individuales, dirigidos a una sola persona.
- Actos administrativos plurales, dirigidos a un grupo de personas.
¿Cuáles son los elementos del acto administrativo?
Elemento Subjetivo
Para que resulte válido, el acto debe ser dictado por el órgano administrativo competente, es decir por la persona titular del órgano en cuestión.
Elemento Objetivo
Se refiere al contenido del acto, que debe ser:
- Lícito: Conforme a la Ley.
- Adecuado, es decir, debe corresponderse con el fin para el que se dicta.
- Contenido determinado o determinable, por ejemplo, si nos conceden una subvención debemos saber su cuantía o el modo de calcularla.
- Posible
Elemento teleológico o causal
Se refiere a la finalidad de la actuación administrativa, el “para qué” del acto. Ha de ir encaminado a la satisfacción de un interés público.
Elemento formal
La ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común establece que los actos administrativos se producirán por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

¿Cómo se lleva a cabo la ejecución de los actos administrativos?
Cuando hablamos de ejecución de los actos administrativos nos estamos refiriendo a que si la persona obligada no cumple de forma voluntaria con lo que le impone el acto administrativo, la Administración Pública puede ejecutarlos forzosamente. Para conseguir el cumplimiento de los actos la ley recoge varios medios de ejecución forzosa:
- El apremio sobre el patrimonio. Consiste en abonar una cantidad de dinero.
- Ejecución subsidiaria. Cuando el acto puede realizarlo una persona distinta a la obligada. Así la Administración puede ejecutar el acto y cargar las costas a la persona
- Multa coercitiva. Consiste en la imposición de multas que pueden ser sucesivas hasta que el obligado realice lo mandado en el
- Compulsión directa sobre las personas (obligación coercitiva, realizada forzadamente), para los casos de obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, y que debe respetar la dignidad de la persona y los derechos reconocidos en la Constitución.
Amplía tus conocimientos sobre los recursos administrativos
Un recurso administrativo es una garantía para la ciudadanía frente a actos administrativos ilegales.
Como existen diferentes tipos de recursos administrativos, para interponer el recurso correcto debemos saber si el acto administrativo agota o no la vía administrativa. Recordemos que esto ocurre cuando el acto administrativo es la última decisión que puede tomar la Administración en ese procedimiento.
El Recurso será de Alzada en el caso de que el acto administrativo que se impugna no agote la vía administrativa. Se interpone ante el órgano superior jerárquico al que ha dictado el acto.
Cuando el acto administrativo sí agota la vía administrativa, puede impugnarse tanto en vía administrativa con un Recurso de Reposición, como en la vía judicial con un recurso contencioso-administrativo.
El Recurso de Reposición se interpone ante el mismo órgano administrativo que ha dictado la resolución. Contra los actos firmes en vía administrativa solo procede el Recurso Extraordinario de Revisión.
¿En qué consiste la expropiación forzosa?
En nuestro sistema legal la expropiación forzosa es una figura absolutamente legal y ampliamente usada. Ahora bien, la ley intenta marcar un cauce procedimental que evite los abusos de la Administración, que minore los daños a los particulares, y que nunca se pierda de vista la finalidad última de la expropiación, que no es otra que la utilidad pública o el interés social (sea esto lo que quiera ser).
Además de toda esta normativa, habrá que estar a la normativa comunitaria, especialmente en temas sectoriales, y y muy especialmente a los acuerdos internacionales que haya suscrito nuestro país en materia de protección de inversiones que, en esencia, buscarán evitar la discriminación entre españoles y extranjeros, fomentando así un clima inversor.
Lo que se regula realmente es un procedimiento con una serie de garantías tendentes a evitar la arbitrariedad y el despojo patrimonial. Por lo tanto, estas son los elementos claves en una expropiación:
- La declaración de utilidad pública o interés social: es necesario que se haga por ley, aunque se considera implícita en materia de planeamiento urbanístico. En los demás casos, se suele utilizar una declaración genérica por Ley, habilitando al Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno autonómico, etc a concretar los bienes objeto de expropiación.
- El justiprecio: es la indemnización que se paga al expropiado, y madre de buena parte de todas las batallas jurídicas en la expropiación, ya que la normativa deja bastante margen a la discrecionalidad. Si no se llega a un acuerdo previo, se dirimirá ante los Jurados Provinciales de Expropiación, que no son otra cosa que órganos administrativos. En última instancia se puede llegar ante los Tribunales ordinarios. Un aviso, si bien en el procedimiento ordinario primero se paga y luego se expropia, hay un procedimiento urgente que posibilita expropiar primero y pagar después.
- El derecho de reversión: Si el día de mañana desaparece la causa de utilidad pública o el interés social que motivo la expropiación, el expropiado tiene derecho a que se le devuelva el bien o derecho, y si no es posible hacerlo, que se le indemnice.
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